El hecho de que el sistema judicial necesita de la ayuda de expertos, muchas veces ajenos a la administración, no es una noticia nueva. Los medios de comunicación cada vez nos muestran con más frecuencia cómo especialistas de diversa índole asesoran con sus conocimientos a jueces, abogados y fiscales.
La realidad es que la Administración de Justicia para poder entender y resolver sobre determinados casos necesita conocer y comprender determinadas circunstancias que por sí misma no puede, pues las peculiaridades de un caso de estafa, homicidio, incendio, de custodia de menores, etc. tienen matices y aspectos que jueces y juezas no tiene por qué conocer. Es por ello, por lo que se sirven de la opinión técnica de expertos para llegar a comprender aquellas áreas que escapan a su conocimiento a fin de juzgar y decidir con toda la información relevante.
Inicialmente fueron los médicos quienes ocuparon este papel, con posterioridad se incorporaron los profesionales de la Psicología y poco después trabajadores y trabajadoras sociales. Paralelamente, existen otro tipo de peritos alejados de las ciencias médicas y humanas, como aquellos expertos en química, joyería, arte, caligrafía, informática…
A día de hoy sigue siendo desconocido y confuso el papel de los trabajadores/as sociales en la Administración de Justicia, sin embargo la presencia de los mismos data desde principios del S.XX en Estados Unidos, donde comenzaron a dar respuesta a procedimientos judiciales de familia y de menores en las cortes juveniles.
En España, fue a raíz de la comúnmente conocida “Ley de Divorcio” (30/81), cuando se comenzó a requerir la intervención de trabajadores/as sociales en casos de familia. Con esta ley se modificó la regulación del matrimonio en el Código Civil y se establecía el procedimiento a seguir en las causas de nulidad, separación y divorcio. En su articulado se introdujeron conceptos como el convenio regulador, la adopción de medidas judiciales cautelares y aquellas relacionadas con la organización y asignación de la vivienda familiar, la liquidación del régimen económico, etc. Todos estos conceptos daban lugar a nuevas situaciones y a una desconocida dimensión psico-social del Derecho.
Los orígenes del Trabajo Social Forense, tal y como se denomina la disciplina, se encuentran a comienzos de los años ochenta; los entonces asistentes sociales iniciaban su actividad pericial en los Juzgados de Madrid y Barcelona.
El objetivo de la labor pericial desde el Trabajo Social, es dotar al proceso judicial de unos principios, unas técnicas y unos instrumentos que permitan llegar a una valoración más objetiva y mejor fundamentada de la esfera social y familiar de las personas inmersas en un procedimiento judicial.
El fin último es apoyar a los jueces a resolver y a dictar sentencias más acordes y ajustadas.
Informes periciales desde la perspectiva del trabajo social
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