La formación: clave en la nueva Ley de Protección a la Infancia y Adolescencia

El martes 9 de junio de 2020 se aprobó el anteproyecto de la nueva Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. Esta ley se empezó a gestar en 2016, de la mano del Partido Popular, y ha culminado en 2020 con la coalición PSOE-Unidas Podemos. En este momento de polarizaciones, estamos muy felices de saber que la protección de la infancia y adolescencia es algo que resulta transversal.

Con esta ley, se abordan cuestiones esenciales para la protección de los derechos de los niños y niñas y adolescentes frente a la violencia y los abusos. Se busca, en primer lugar y de forma esencial, la prevención de este tipo de situaciones. Se pretende una mayor sensibilización, detección precoz y prevención con planes públicos dirigidos a la erradicación de este tipo de violencia.

Para ello, se hace mucho hincapié en la necesidad de formación –la formación especializada de las personas implicadas en el proceso (desde jueces y juezas, cuerpos de seguridad, sanitarios, docentes, educadores y educadoras sociales…)– y en el fomento de una educación más inclusiva. Esto nos alegra mucho, puesto que creemos que la educación es la base de una generación que esperamos sea más igualitaria y, por otro lado, estamos convencidas de que solo profesionales especializados y sensibilizados serán capaces de prevenir, detectar y atender este tipo de violencia a menores con las garantías adecuadas.

Se establecerá una figura de protección, llamada Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección, que estará presente en todos los centros educativos y deportivos o de ocio. Las educadoras y educadores sociales reivindican aquí su papel para combatir también con esta nueva ley problemas tan importantes como el acoso escolar, el acoso sexual, las autolesiones, la prevención del suicidio, el ciberacoso, los trastornos alimentarios y los problemas de discriminación y violencia en menores por motivos de identidad de género, raciales, homófobos o tránsfobos. 

Asimismo, las administraciones garantizarán y promoverán una formación especializada y continua a los distintos profesionales que tengan un contacto habitual con las personas menores de edad.
Esta formación incluirá:

•    Derechos fundamentales de la infancia y adolescencia.
•    Prevención y detección precoz de toda forma de violencia.
•    Actuaciones a llevar a cabo una vez que se detectan indicios de violencia.
•    Seguridad y uso seguro de internet.
•    Buen trato a niños, niñas y adolescentes.
•    Identificación de factores de riesgo.
•    Mecanismos para evitar la victimización secundaria. Este es un aspecto importantísimo, ya que se establece un cambio en los protocolos a la hora de entrevistar a una víctima.
•    Formación específica en materia de educación inclusiva.

Toda la formación tendrá en cuenta la perspectiva de género, así como las necesidades específicas de los colectivos de personas menores de edad con discapacidad, con un origen racial, étnico o nacional diverso, en situación de desventaja económica, personas menores de edad lesbianas, gais, transexuales y bisexuales y personas menores de edad no acompañadas.

Además de la especialización de trabajadoras y trabajadores sociales, juezas y jueces y miembros de los cuerpos de seguridad, la nueva ley tiene otros aspectos muy significativos:

•    Obligatoriedad de comunicar a las autoridades cualquier caso de violencia de menores.
•    Incorporación de la edad, la aporofobia y la exclusión social como agravantes en los delitos de odio.
•    La prescripción de los delitos graves comenzará cuando la víctima haya cumplido 30 años.
•    Derecho de información, atención y asesoramiento legal integral en los casos de violencia.
•    Control de la publicidad para evitar el fomento de estereotipos en los menores.
•    Privación de la patria potestad de la persona condenada en caso de abuso.
•    Protocolos de prevención en centros de protección de menores que eviten el abuso, la explotación sexual y la trata de personas.

Desde el Instituto de Formación en Intervención Social llevamos muchos años especializando a personas que trabajan en el tercer sector así como a personal de otros ámbitos que necesitan técnicas y habilidades para prevenir, detectar y atender casos de violencia y abuso. Por tanto, recibimos esta ley felices y con deseos de ponernos en marcha para hacerla efectiva lo antes posible.

Os esperamos:

Posgrado en Víctimas de violencia de género y sexual en la infancia y adolescencia: prevención, detección y atención 
Entrevistas a víctimas especialmente vulnerables
Posgrado en Violencia de género: prevención, detección y atención
Elaboración de informes socioeducativos en el marco de la intervención en violencia de género
Informes periciales desde la perspectiva del trabajo social
Posgrado en Mediación: ámbitos y técnicas de aplicación

Y mucho más.

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